17 abril, 2024

El máximo tribunal no convalidó el planteo de La Rioja y del abogado Jorge Rizzo. La Corte Suprema rechazó dos planteos contra el DNU del presidente Javier Milei por unanimidad, el planteo de la provincia de la Rioja y otro del abogado Jorge Rizzo, al sostener que en ninguno de los dos planteos había un “caso concreto”, “causa” o “controversia” con respecto a este tema.  El DNU fue rechazado el 14 de marzo, pero aún no había avanzado el análisis de su respaldo o rechazo en la Cámara de Diputados. Mientras no sea así en ambas Cámaras todos sus efectos seguirán vigentes, salvo aquellos que fueron frenados anteriormente por decisión judicial, como lo son la reforma laboral, la ley de tierras o el reclamo puntual por las prepagas.  El año pasado, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promovió una acción judicial apenas salió el decreto de necesidad y urgencia para declararlo inconstitucional. Allí, la medida cautelar proponía la suspensión del DNU y justificaba su legitimación en el artículo 128 de la Constitución Nacional, que establece que los gobernadores de las provincias son agentes del gobierno federal para hacer cumplir la misma.  Sin embargo, a finales de 2023, la Procuración General entendió a fin de enero que el tema era competencia originaria del máximo tribunal, cuya respuesta se hizo esperar hasta hoy, sin dar lugar a este planteo debido a que “la provincia de La Rioja no ha puesto a consideración del Tribunal una causa, asunto o caso contencioso cuya decisión corresponda a los tribunales de la Nación de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Constitución y 2° de la ley 27″. Según sostiene la resolución que lleva las firmas de  Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti: “La demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia (como persona jurídica diferenciada de sus vecinos) que se encuentre afectado de manera actual y concreta. En particular, y en relación con los agravios presentados como propios, corresponde señalar que no tienen entidad para revertir esta apreciación las alegaciones sobre una eventual modificación de las relaciones que mantiene la administración provincial con sus empleados”. Además, explica que: “Se trata de una referencia genérica a esa relación jurídica que omite toda precisión sobre su condición de empleadora y al interés que, en dicha condición, podría tener en promover la declaración de inconstitucionalidad del decreto 70/2023. Lo mismo cabe decir de la mención a la elaboración de aceite de cannabis”.  Esta resolución expresó también que el señalamiento del máximo tribunal es necesario para conocer el contenido de la controversia para “determinar, entre otras cosas, si la Provincia de La Rioja cuenta con legitimación para demandar un remedio a los tribunales de la Nación y, en tal caso, cuál”. ¿Y qué pasa con la jurisprudencia? En cuanto a la jurisprudencia, el fallo expresó que “la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de las otras dos ramas de gobierno no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales nacionales; sólo deben hacerlo cuando es necesario examinar el tema para decidir una causa que verse sobre puntos regidos por la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, a requerimiento de parte interesada”. “Como se ha explicado en decisiones más recientes, el control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente de la existencia de un ‘caso’ donde se debata la determinación de un derecho entre partes adversas, fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante”, indicó el escrito judicial. Con este argumento, la demanda de La Rioja contra el DNU fue rechazada in limine, pese a que fue la única provincia que buscó impugnar el decreto del Gobierno. Por otro lado, el planteo que fue impulsado por el abogado Jorge Rizzo, en representación de la Asociación Civil Gente de Derecho, promovió una acción de amparo contra el Estado Nacional para que se declare inconstitucional el DNU, pero tanto en primera como segunda instancia fue rechazado.  La Sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, indicó: “la condición de ciudadano no es apta para autorizar la intervención de los jueces a fin de ejercer su jurisdicción, pues dicho carácter es de una generalidad tal que impide tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que permita considerar al pleito como una ‘causa’, ‘caso’ o ‘controversia’, en los términos de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, único supuesto en que la mentada función puede ser ejercida”. Sobre la asociación civil, el tribunal agregó que los cuestionamientos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, entendió que no no se pudo demostrar ni alegar de qué forma la normativa impugna o afecta de forma inmediata a la población, debido a que “no rebate los argumentos de la sentencia de cámara”. La Corte señaló además que Rizzo: “No refuta la conclusión central del pronunciamiento recurrido de que ni él personalmente, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU”. “A lo largo de su presentación el recurrente invoca su condición, compartida con la de los socios de la entidad que representa, de abogado interesado en la defensa de la legalidad para fundar su legitimación. Sin embargo, no se advierte (y el recurrente tampoco lo explica) el modo en que una calidad de dicha naturaleza, desde una perspectiva procesal, se distinguiría de la condición de ciudadano a la que este Tribunal ha desconocido invariablemente legitimación para demandar”,indicaron en este sentido los jueces del máximo tribunal.  Por último, la Corte Suprema señaló que los tribunales federales no han sido investidos por la Constitución de la facultad de analizar la “constitucionalidad de normas” y resaltó: “(Esto) impide pronunciamientos meramente teóricos o consultivos”.  Ahora, la  Justicia deberá resolver más planteos sobre el DNU, entre ellos, la apelación del Poder Ejecutivo contra el fallo que frenó la reforma laboral que se encontraba dentro del decreto impulsado por el Gobierno.

La interna subterránea entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner estalló de manera descontrolada en las últimas horas, luego de que el ex miembro de la conducción de La Cámpora, Andrés Larroque, cuestionara abiertamente el liderazgo de Cristina Kirchner. Durante un acto en la Quinta de San Vicente, junto a Axel Kicillof, “El Cuervo” Larroque lanzó una frase incendiaria: “¿Qué es la conducción de Cristina? ¿Que tres ñatos te manden un WhatsApp?”.“No quiero esa conducción de Cristina, quiero la conducción con movimiento popular”, agregó. Lo acompañaban en el acto piezas centrales del armado de Kicillof como los intendentes Mario Secco y Jorge Ferraresi, que viene de protagonizar un choque de igual magnitud con Máximo Kirchner “El que critica a Cristina anda en algo rarísimo”, le contestó Recalde y Mayra Mendoza se indignó: “es una falta total de respeto”. También alineado con Kicillof, el intendente de Ensenada, Mario Secco, respaldó los dichos de Larroque y fue por más: “No es bueno que Cristina mande mensajes por Whatsapp a través de otros compañeros que no respetan a algunos, eso te hace calentar”, dijo.

El presidente inauguró el Programa Tierra de la Gente, dirigido a familias de agricultores, como parte integral del Programa Nacional de la Reforma Agraria. El gobierno brasileño, bajo la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunció una serie de nuevos programas destinados a abordar el persistente desafío de la falta de tierras para campesinos sin terreno. Este ambicioso plan busca revitalizar la reforma agraria y fortalecer aún más el sector de la agricultura familiar en el país. Según afirmó el mandatario “es un viejo problema de Brasil”, destacando la necesidad de colaborar estrechamente con gobernadores y alcaldes para identificar tierras disponibles que puedan ser asignadas a nuevos asentamientos. El objetivo es proporcionar a las personas al menos dos o tres hectáreas de tierra para que puedan cultivar sus propios alimentos. Los programas anunciados tienen como objetivo asignar tierras, tanto públicas como privadas y abandonadas, a alrededor de 295.000 familias de campesinos en un plazo de dos años. Además de la asignación de tierras, se ofrecerán créditos públicos a tasas preferenciales para la adquisición de maquinaria y semillas, con el fin de fomentar la producción agrícola. El gobierno brasileño también se comprometió a comprar parte de la producción de los campesinos, fortaleciendo así la agricultura familiar y garantizando un mercado para sus productos. Esta producción será destinada a programas de alimentación en escuelas, hospitales y otros sectores gubernamentales. La agricultura familiar desempeña un papel crucial en la seguridad alimentaria de Brasil, siendo responsable de cerca del 30% de la producción total de alimentos en el país. Esta iniciativa busca no solo proporcionar tierras y recursos a los campesinos, sino también impulsar la economía rural y promover el desarrollo sostenible en todo el país. Durante los últimos años, la política de reforma agraria en Brasil se vio limitada con un enfoque principalmente en la entrega de títulos de propiedad a campesinos ya asentados. Sin embargo, bajo la nueva administración, se espera un renovado impulso hacia una reforma agraria más integral y progresiva, que beneficie a aquellos que más lo necesitan en las zonas rurales del país. Brasil: Lula da Silva convertirá inmuebles abandonados del Estado en viviendas populares El mandatario brasileño lanzó el programa “Democratización de los Inmuebles del Estado”. Más de 3.500 terrenos vacíos serán destinados a proyectos sociales como viviendas, escuelas, hospitales y parques. El presidente de Brasil, Luis Inácio “Lula” da Silva, inició la última semana de febrero con el lanzamiento de un programa que permitirá convertir los inmuebles abandonados que sean propiedad del Estado en viviendas populares o destinarlos a otros proyectos sociales, como escuelas, hospitales y parques. “Hoy anunciamos Imóvel da Gente, un programa del gobierno federal que asignará propiedades de la Unión en beneficio de la población”, escribió el mandatario en sus redes. El programa, llamado “Democratización de los Inmuebles del Estado”, fue presentado en un acto desarrollado en el Palacio presidencial del Planalto y, según detallaron, fueron identificados cerca de 3.700 terrenos vacíos, edificios desocupados o infraestructuras abandonadas que podrán ser destinados al proyecto. Además, entre los inmuebles identificados para ser utilizados por el Estado nacional, en conjunto los estados y municipios brasileros, figuran edificaciones públicas invadidas por organizaciones que luchan por la reforma urbana, cuya ocupación podrá ser regularizada. En el listado de terrenos, también se encuentran aeropuertos que están inutilizados en la actualidad. Según afirmó el mandatario, el nuevo programa de viviendas “funcionará mejor con una gestión participativa, integrada y alineada con las necesidades locales de los estados y municipios en diálogo con el gobierno federal”.  Vale destacar que, a pesar que el decreto que instituye formalmente el proyecto solo fue firmado este lunes, la gestión de Lula da Silva comenzó a implementar esta iniciativa desde enero de 2023, cuando el líder progresista asumió su tercer mandato como jefe de Estado. “Hoy anunciamos Imóvel da Gente, un programa del gobierno federal que asignará propiedades de la Unión en beneficio de la población. Viviendas populares, nuevos espacios de apoyo a políticas públicas, escuelas, centros de convenciones, por ejemplo, se construirán en edificios vacíos que no tienen ninguna función social”, celebró Lula. Por su parte, la ministra de Gestión Pública, Esther Dweck, explicó que desde el inicio del gobierno recibió la orden de Lula de identificar los inmuebles que pueden ser aprovechados para la construcción de barrios o viviendas populares y darles un uso social y declaró que el Gobierno anterior, a cargo de Jair Bolsonaro, “lo que estaba haciendo era vender esos terrenos y edificaciones, muchas veces por precios cuestionados”. “Lo que nosotros haremos es darles un destino social correcto”, afirmó la funcionaria. Al mismo tiempo, explicó que su cartera identificó inicialmente 509 inmuebles gestionados por organismos del gobierno en 200 municipios, de los que 68 pueden ser convertidos en parques o instalaciones culturales o deportivas, 49 en escuelas, 26 en hospitales y 27 en comisarías.  Asimismo, agregó que la cartera que lidera identificó 3.213 inmuebles abandonados que son gestionados por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y que también pueden ser aprovechados. 

Alcanzó los U$S 403.044 millones en marzo, según el informe de la Secretaría de Finanzas. El Tesoro absorbió parte de las deudas del Banco Central. El gobierno dice que la variación es porque los títulos en pesos se ajustan más que el dólar. El stock de la deuda pública de la Administración Central aumentó a U$S 403.044 millones en el mes de marzo, según un informe oficial de la Secretaría de Finanzas. El incremento fue de U$S 16.507 millones con respecto a febrero. Según el resumen dado a conocer este lunes, el 76% de la deuda corresponde a títulos públicos y el 20% a compromisos con organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, BID, Banco Mundial y otros). El resto corresponde a Letras del Tesoro, adelantos transitorios del Banco Central y otros instrumentos. El 65% del monto adeudado está nominado en dólares y otras monedas extranjeras. Del 35% restante, expresado en moneda local, el 82% es ajustable por dólar o por inflación. Con esos números, si se compara el informe de marzo con el de diciembre de 2023, el incremento de la deuda pública desde el inicio de la gestión de Javier Milei es de U$S 32.380 millones. Desde el Palacio de Hacienda sostienen que la variación se debe exclusivamente a la apreciación del peso desde la devaluación dispuesta a fines del año pasado por el ministro de Economía, Luis Caputo. A partir de ese momento, el dólar se ajustó a una pauta de sólo 2% mensual y los títulos en pesos, cuyo capital se actualiza al compás de la inflación, crecieron muy por encima de ese ritmo. Por eso el concepto “ajuste por valuación” explica casi toda la diferencia de este trimestre. Más aún, las amortizaciones fueron superiores en U$S 2.213 millones a los créditos obtenidos, según la explicación oficial. Maraña y maniobraAun por detrás de esa maraña de números, el gobierno apeló a un recurso claro: desviar hacia el Tesoro los excedentes de dinero que el sistema financiero colocaba en el Banco Central. Así, la tasa de los pases ofrecidos a los bancos cayó al 70% nominal anual y los bancos prefirieron apostar a los títulos del Tesoro para evitar la licuación de sus depósitos. El efecto de esta maniobra se vio en la última licitación del jueves 11 de este mes: la Secretaría de Finanzas colocó letras y bonos para cubrir un vencimiento de $ 520.000 millones y recibió ofertas por 2,9 billones de pesos. “El excedente ($ 2,4 billones) se utilizará para comprar dólares para pago de vencimientos en moneda extranjera”, anunció el secretario del área, Pablo Quirno. El informe abarca solamente la deuda de la Administración Central y por eso no comprende al Banco Central, que en los últimos meses incrementó su deuda en dólares a través de la emisión de los Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre). Los títulos están destinados a las empresas que tenían compromisos impagos con sus proveedores del exterior, aunque luego los valores se pueden comerciar en el mercado abierto. La entidad también dejó de entregar divisas para el pago de importaciones por una suma estimada entre 10 mil y 12 mil millones de dólares: esa deuda comercial está a cargo de los importadores y la promesa del BCRA es ir habilitando los billetes para cancelar esas operaciones en las próximas semanas, en la medida en que ingresen las divisas que liquiden los agroexportadores.