El Movimiento Socialista de los Trabajadores pidió que se declare inconstitucional y que dicten una cautelar que lo suspenda. Bullrich deberá presentar un informe con los fundamentos jurídicos de su aplicación La Justicia dio lugar a otra causa que promueve la inconstitucionalidad de las medidas del nuevo gobierno. Esta vez se trata de una denuncia penal contra el protocolo anti-piquetes de la ministra Patricia Bullrich, efectuada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y una medida cautelar para suspender el operativo contra las manifestaciones. Este lunes, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 se declaró competente e instó a Bullrich que presente un informe circunstanciado dentro de 72 horas con los fundamentos jurídicos de su aplicación. “Deberá indicar el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y dictámenes jurídicos previos realizados”, resolvieron los jueces federales Sebastián Casanello y Santiago Ernesto Maldonado, quienes le dieron tratamiento de habeas corpus a la denuncia, por verse amenazada la libertad ambulatoria. Además, le pidió a la cartera de Seguridad que informe si fueron consultados otros organismos estatales, internacionales o de la sociedad civil, vinculados a la justicia y a los derechos humanos, a la hora de efectuar el protocolo autodenominado ´Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación´. El juzgado también solicitó que se den a conocer otros planteos judiciales contra la resolución y, en su caso, saber qué trámite se les dio, para resolver sobre la competencia del caso. Los jueces quieren que el Estado les informe de todas las denuncias “en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales, en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”. La resolución se dio luego de los disturbios que se produjeron en las afueras del Congreso por el tratamiento y aprobación general de la Ley Ómnibus en la Cámara baja, el fin de semana pasado. Las fuerzas de Seguridad actuaron con balas de goma y gases lacrimógenos ante los protestantes, que utilizaron piedras e incendiaron contenedores. Como resultado, hubo más de 30 detenidos y destrozos de más $50 millones, que la ministra y el jefe de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quieren cobrarle a las organizaciones, en línea con la normativa del protocolo. Bullrich, además, dijo que iba a presentar una denuncia penal contra los manfiestantes y aseguró que no le da “miedo” la posibilidad de que pueda haber víctimas fatales como consecuencia de los operativos. “¿Por qué va a haber un muerto? Con el tema del muerto, lo único que lográs es nunca hacer nada“, dijo este domingo. Protocolo anti-piquetes: piden declararlo inconstitucional y una cautelar que lo suspenda La acusación fue presentada por la legisladora porteña Celeste Fierro, del FIT, el 15 de diciembre del 2023. La denuncia, a la que accedió BAE Negocios, expresa que el protocolo vislumbrado en la Resolución 943/2023 amenaza los derechos políticos, criminaliza la protesta social y va en contra del marco internacional vigente en la materia. En ese marco, plantearon una medida cautelar que suspenda su aplicación hasta que se resuelva sobre su constitucionalidad. En un escrito de 32 hojas, desarrollan que “lesiona con ostensible arbitrariedad e ilegalidad los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, tratados internacionales y leyes de carácter nacional”. Dentro de los derechos vulnerados, según el Movimiento denunciante, se encuentran el derecho de asociación, el derecho a la libre expresión, a la defensa en juicio, y el derecho de protesta. “El PEN autoriza reprimir una manifestación política”, expusieron, e hicieron hincapié en que su partido, puntualmente, es el que más utiliza la movilización callejera “pacífica” para difundir su programa político. “La ministra omite que existe una jerarquía de derechos, no solo cuando están en juego los derechos sociales básicos, sino también cuando se trata de derechos políticos consagrados en tratados internacionales”, defendieron ante el argumento de que el protocolo va en línea con el artículo 194 del Código Penal, que establece la represión con prisión de 3 meses a 2 años a quien impidiere el normal funcionamiento de los transportes por tierra. La denuncia fue sorteada en distintos juzgados hasta que finalmente este lunes uno se declaró competente. Primero recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, pero el conflicto de competencia rondó entre si correspondía a un hábeas corpus, por constituir una amenaza para la libertad ambulatoria, o si revestía naturaleza penal. Así fue como terminó sorteado por ocho juzgados en 50 días. “Luego de dar vuelta como calesita, al fin Casanello se declaró competente”, festejó la denunciante. “Un primer paso positivo y esperamos que cuanto antes el juez suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional. Por nuestra parte, lo vamos a seguir enfrentando en las calles“, agregó, en una publicación en Twitter donde difundió la resolución.
