30 abril, 2024

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la modificación de Impuesto a las Ganancias que integra el capítulo 5 del paquete fiscal que acompaña la ley Bases. La votación tuvo votos a favor 132, con en contra 113 y 4 abstenciones. Agustín Domingo de Innovación Federal solicitó cambios para quienes viven en las provincias patagónicas. Este fue uno de los legisladores del sur que expresaron el rechazo, ya que impacta en los altos costos de vida de esa región. “Ustedes van a terminar con la paz social, lanzó Jorge Ávila de Hacemos Coalición Federal. El diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo pidió volver a la ley anterior que eliminaba la Cuarta categoría y creaba un impuesto cedular. El Frente de Izquierda, en la voz de Romina Del Plá, pidió el retiro del capítulo. “Les están metiendo la mano en los bolsillos”, remarcó. La radical Danya Tavela definió al impuesto como “autoritario y prebendario para vincularse con los gobernadores”. José Luis Espert, miembro de La Libertad Avanza, respondió que “el impuesto central tiene que ser Ganancias, para no reventar a impuestos a la gente que consume”. Espert no acepto cambios y que se deroga el impuesto cedular a los altos ingresos. Por eso, el nuevo piso de Ganancias  pasará a $ 1,8 millones para los trabajadores solteros y $ 2,2 millones para los casados con dos hijos.

El proyecto de Ley Bases, que implica la privatización de once empresas públicas, la eliminación de la moratoria previsional, un régimen de inversiones con beneficios impositivos exorbitantes y facultades extraordinarias para Javier Milei, volvió a ser aprobado en la votación en general, como ocurrió en febrero pasado. Sin embargo, esta vez la iniciativa contó con el voto positivo de 142 legisladores, mientras que en febrero contó con el apoyo de 144. ¿Quiénes fueron los dos diputades que cambiaron su voto? Este martes, a las 8.49 de la mañana y luego de más de 20 horas de debate, el Gobierno confirmó lo que esperaba: la aprobación en general de la Ley Bases. El proyecto recibió 142 votos a favor, 106 en contra, 5 abstenciones, mientras que hubo 1 diputado que no votó y 3 que se ausentaron. En cambio, en febrero -cuando la iniciativa también había sido aprobada en general, aunque luego en un inesperado giro fue retirada por el oficialismo, representando una dura derrota para Milei-, el número de votos positivos fue de 144, mientras que 109 diputados votaron en contra, 1 no votó y 3 se ausentaron. Hubo, en estos meses, dos legisladores que habían votado a favor en febrero y ahora cambiaron su posición, decidieron abstenerse: Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Fernando Carbajal, de la UCR. Frade, diputada por la provincia de Buenos Aires, es una dirigente muy cercana a Elisa Carrió, quien horas atrás criticó fuertemente varios puntos de la iniciativa parlamentaria y dijo que la Coalición Cívica romperá con el bloque que dirige Miguel Ángel Pichetto. Carbajal, diputado por la provincia de Formosa, fue uno de los pocos radicales que votaron de manera diferente al bloque que conduce Rodrigo De Loredo, que en su mayoría apoyaron la iniciativa oficial. Una de sus principales objeciones hacia el proyecto fue la delegación de facultades. “La Unión Cívica Radical puede decir orgullosamente que ha sido coherente en no darle y no votarle delegación de facultades a ninguno de los presidentes. Y el motivo por el cual no le vamos a dar facultades a Milei es el mismo motivo institucional por el cual no se lo dimos a Alberto Fernández y no se la dimos a Cristina Fernández. No delegamos facultades. Nunca lo hicimos y no lo vamos a hacer. Y los que lo hagan, tendrán que asumir ante el partido y ante su propia conciencia abandonar esta línea de coherencia que el radicalismo ha venido sosteniendo”, dijo Carbajal. La votación de cada bloqueLos diputados que este martes respaldaron la iniciativa fueron los que integran el bloque oficialsta de la Libertad Avanza (LLA), en su totalidad. También votaron a favor los del PRO de Mauricio Macri, Hacemos Coalición Federal conducido por Miguel Pichetto, y la UCR que responde a Rodrigo de Loredo, salvo algunos legisladores más críticos. También fueron de la partida los integrantes de Innovación Federal, el bloque integrado por una decena de diputados de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. De la misma manera acompañaron los del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Las fuerzas políticas que rechazaron la iniciativa en su totalidad fueron Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). En disidencia con sus bloques votaron la cordobesa Natalia de la Sota y algunos legisladores del socialismo santafesino. Los radicales Facundo Manes, Pablo Juliano y Marcela Coli tampoco acompañaron a su bancada pero se abstuvieron.

El proyecto obtuvo la media sanción en Diputados con 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Tras más de 20 horas de debate, con cruces, chicanas, gritos y opiniones diferentes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la mañana de este martes, cerca de las 8:49 horas, la ley de Bases y Puntos de Partida en general. Fue por 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones.  Los primeros en respaldar la iniciativa fueron todos los integrantes del bloque de la Libertad Avanza (LLA), seguidos por los miembros del PRO, los de Hacemos Coalición Federal (HCF), encabezado por Miguel Ángel Pichetto, y la fracción de la UCR, cercana a Facundo Manes, Pablo Juliano, Fernando Carbajal y Marcela Coli que se abstuvieron al igual que Mónica Frade (HCF). Otros legisladores, que también sumaron sus votos para la aprobación de esta media sanción, fueron los integrantes de Innovación Federal (integrado por diputados de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén) y el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Aquellos que votaron negativamente fueron, en su totalidad, los bloques de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y Natalia de la Sota, Mónica Fein y Esteban Paulón de Hacemos Coalición Federal.  Por otro lado, hubieron tres ausentes: Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Álvaro González (PRO) y Roberto Mirabella (UxP). En este contexto fue que se dio la inmediata reacción del Gobierno, que celebró la aprobación general del proyecto a través de las redes sociales. El primero en publicar su mensaje en X fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien a título informativo confirmó que la “Ley ‘Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos’: aprobada en general por la Cámara de Diputados. Fin”. Ese tuit cosechó el primer retweet, de muchos, del presidente Javier Mieli que sigue la sesión desde la quinta de Olivos.  Luis Petri, actual Ministro de Defensa y quien también fue vicepresidente en la lista de Patricia Bullrich, hoy es más libertario que los propios libertarios y festejó a todo trapo en su cuenta oficial de Twitter -ahora X- logrando otro efusivo reposteo del jefe de Estado.”142 votos afirmativos! La Ley Bases aprobada en general!! VLLC”, escribió el funcionario. Por su parte, el Diputado Nacional de la Provincia de Buenos Aires y Presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, también celebró la aprobación de la ley a través de la misma red social, logrando el visto bueno de Milei. “Un paso más cerca para tener las herramientas que el país necesita”, posteó.  Otro de los que no se perdió el festejo fue el presidente de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien escribió de manera descarada: “Se aprobó en general la Ley Bases. Un paso más hacia la primera gran reforma del Presidente Milei. Le agradezco a todos los bloques y diputados que entendieron la importancia de esta ley y nos ayudaron a llevarla a buen puerto. A seguir trabajando en la votación en particular. VLLC!!”.  La diputada Lorena Pokoik, de Unión por la Patria, se expresó por la misma vía y aseguró que a pesar de la aprobación de la Ley, “seguirán luchando” contra el gobierno y sus decisiones. “Los Diputados de Milei y sus cómplices acaban de votar un mamarracho jurídico, inconstitucional y que habilita la entrega de la Patria, el trabajo de millones de argentinos y la felicidad del pueblo. Desde nuestro espacio vamos a seguir luchando porque la patria no se vende”, afirmó. 

Durante la votación en particular, el Título IX de la Ley Bases se aprobó con 125 votos positivos, 113 negativos y 3 abstenciones Tras aprobar en general el proyecto de la Ley Bases, y como parte de la votación en particular, la Cámara de Diputados le dio luz verde al capítulo que deroga la moratoria para jubilados y crea una nueva prestación para las personas que no tengan los años de aportes necesarios. El Título IX del proyecto se aprobó con 125 votos a favor, 113 en contra y 3 abstenciones. El artículo 226 deroga la Ley N°27.705 de Plan de Pago de Deuda previsional, que contemplaba la regularización de aportes para mujeres de entre 50 y 60 años y para hombres de 55 a 65 años. Como reemplazo a esa moratoria, se crea la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de 30 años de servicios con aportes. El haber mensual para los beneficiarios será equivalente al 80% de una jubilación mínima ($260.141,60 contemplando el refuerzo). Para poner en contexto, en mayo los beneficiarios de la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) cobrarán $222.113.

La Reforma Laboral que consiguió media sanción en diputados crea una nueva figura. Un «emprendedor» podrá anotarse como trabajador independiente y podrá tener hasta cinco “colaboradores” sin relación de dependencia. El aliento a la tercerización por sobre el empleo registrado del sector privado. Una de las novedades de la Reforma Laboral incluida en la Ley Bases que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados consiste en la aparición de una nueva figura, que no estaba estipulada en la Ley de Contrato de Trabajo: «Trabajadores independientes con colaboradores». Se trata del Capitulo IV y del Artículo 93 de la norma que ahora se tratará en la Cámara de Senadores de la Nación para saber si termina de convertirse en ley. Crea la figura de “trabajador independiente con colaboradores” y se establece que “podrá contar con hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Ejecutivo nacional”. Este sistema “estará basado en la relación autónoma, sin que exista vinculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al régimen previsional, las obras sociales y los riesgos del trabajo”. La iniciativa aclara: “queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley”. Pero claro que el riesgo de que esto ocurra es patente. La curioso es que la figura podría atentar contra lo que se promociona que podría ser uno de los beneficios de la implementación de una reforma: crear empleo registrado del sector privado. Es que podría encontrarse una vía para no tomar trabajadores y tercerizar las tareas productivas.

El Gobierno logró medio sanción del proyecto de la nueva Ley Bases que contiene un capítulo sobre Empleo Público. Allí se detallan las potestades que pretende concentrar el Poder Ejecutivo para reducir la estructura estatal. De aprobarse sin cambios en el Senado, los trabajadores y trabajadoras estatales quedarían desprotegidos y sometidos a cambios discrecionales de tareas, lugares de trabajo, jurisdicciones, despidos aunque estén de licencia. Además, el proyecto limita fuertemente la posibilidad de acción colectiva a través de los sindicatos. El nuevo proyecto de Ley de Bases que presentó el Gobierno de Javier Milei y pasó el filtro de Diputados plasma las limitaciones que pretende en la participación de las y los trabajadores en la actividad política y gremial, el descuento de las jornadas de paro y establece los diversos pasos para la relocalización de los contratos estatales, incluso a otros poderes y jurisdicciones nacionales sin consentimiento. Asimismo, avanza sobre los descuentos de la cuota sindical solidaria. El capítulo IV de la nueva Ley Bases plantea una serie de reformas a la Ley de Empleo Público. Con la sustitución del artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164, fija que «El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación». Luego, «cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional» y tendrá derecho a percibir una «indemnización igual a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses». En el artículo 53 de este proyecto se sustituye el primer párrafo del artículo 12 del Anexo de la Ley N° 25.164 por uno en el que se quitan todas las protecciones de despido para aquellos empleados o empleadas estatales que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio, que ahora «hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad». En caso de ser relocalizados en otras áreas, la nueva Ley Bases aclara que deben ser destinados «a las tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado» o «desarrollar transitoriamente tareas específicas del nivel superior percibiendo la diferencia de haberes correspondiente». «La movilidad del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, es una atribución del empleador, pero estará sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos celebrados en el marco de la Ley N° 24.185″. En este cambio, se elimina el consentimiento expreso del trabajador. La ley de Bases pasa a modificar directamente el artículo 18 de la Ley de Empleo Público y plantea que «El personal tiene derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes.» Aquí se elimina la participación y control de las asociaciones sindicales para verificar el cumplimiento de estos criterios. El artículo 20 del Anexo de la Ley N° 25.164, que habla sobre la intimación a iniciar trámites jubilatorios a quien reúna los requisitos exigidos, se quita la autorización para que continúen en la prestación de sus servicios por el período de un año partir de la intimación respectiva. Es decir, pueden jubilar forzosamente a un empleado de un día para el otro. A la mencionada Ley N° 25.164 se incorpora al artículo 24 la prohibición de «Realizar durante sus horas laborales del servicio público cualquier tipo de tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias.», como inciso j). E incluye como obligatorio «el descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga« mediante la incorporación del artículo 16 bis. En paralelo, sustituye el artículo 13 de la Ley N° 24.185 estableciendo que «las cláusulas de los acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores participantes en la negociación, tendrán validez solo para los afiliados«. Además, no se podrán descontar cuotas solidarias de los salarios de las y los estatales que no se encuentren afiliados salvo constatarse su autorización previa y expresa. Por otra parte, las reglas para imponer un apercibimiento o la suspensión hasta treinta (30) días se endurecen severamente y mantiene el «incumplimiento reiterado del horario establecido», baja de 10 a 5 las inasistencias injustificadas discontinuas «en el lapso de doce (12) meses inmediatos anteriores y siempre que no configuren abandono de tareas» y por el «incumplimiento de los deberes determinados en el artículo 23 de esta ley, salvo que la gravedad y magnitud de los hechos justifiquen la aplicación de la causal de cesantía.» Respecto a los causales de cesantía, bajan a 5 las inasistencias injustificadas en los doce (12) meses inmediatos anteriores, pasan de 5 a 3 las inasistencias continuas sin causa que lo justifique y fuera intimado previamente en forma fehaciente a retomar sus tareas y otro cambio es el del período para tener «calificaciones deficientes como resultado de evaluaciones que impliquen desempeño ineficaz durante dos (2) años consecutivos o tres (3) alternados en los últimos diez (10) años de servicio y haya contado con oportunidades de capacitación adecuada para el desempeño de las tareas». Con el cambio también pueden imponer la exoneración ante la pérdida no ya de la ciudadanía sino de la residencia permanente de trabajadores inmigrantes. También se duplicarían los plazos de prescripción para la aplicación de las sanciones disciplinarias:a) causales que dieran lugar a la aplicación de apercibimiento y suspensión: un (1) año.b) causales que dieran lugar a la cesantía: dos (2) años.c) causales que dieran lugar a la exoneración: cuatro (4) años.En todos los casos, el plazo se contaría a partir del momento de la comisión de la falta.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina comunicó que hoy da comienzo a un plan de lucha en conjunto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) con una huelga en las plantas aceiteras y desmotadores del país por tiempo indeterminado. El Gobierno ya envió a Gendarmería a las zonas de los puertos aceiteros para amedrentar y desde el gremio hacen responsables «al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos de las provincias por la integridad física de las y los trabajadores que ejercen su derecho constitucional de Huelga». El poderoso gremio de Aceiteros y Desmotadores dijo basta y entre la Federación y el Sindicato de San Lorenzo lanzó una huelga por tiempo indeterminado que promete paralizar las exportaciones, tan caras para un Gobierno sediento de dólares. Los motivos que esgrimieron fueron: «por salarios y condiciones laborales dignas para toda la clase trabajadora y en rechazo a la Ley Ómnibus, llamada “Bases” por el gobierno nacional, que pretende imponer una regresiva Reforma Laboral con tercerización, fraude laboral, facilidad para despidos discriminatorios, reinstalación del Impuesto a las Ganancias y privatizaciones de empresas del Estado y recursos que son patrimonio de todo el pueblo argentino». «La Reforma Laboral contenida en la Ley Ómnibus no tiene nada de modernización, es un gran retroceso», aseguraron. Y refutaron los principales puntos: «Deroga las indemnizaciones agravadas para las personas que trabajan y no son registradas. Legaliza el fraude laboral con la figura del “trabajador independiente”, por fuera de toda protección legal. Favorece la tercerización y la precarización. Amplía el período de prueba de 3 a 6 meses, y en algunos casos puede ser de 8 y hasta 12 meses, para atemorizar y disciplinar a las y los trabajadores». También hicieron referencia a los golpes contra los derechos sociales, porque consideraron que la Ley Bases «Favorece la discriminación y despidos por causa de origen étnico, racial, religioso, gremial, de salud, condición física, ideología u orientación sexual. Ataca a las mujeres: durante el embarazo se podrá trabajar hasta 10 días antes del parto, lo que ahora sólo es posible si el parto se adelanta. Así, el empleador podrá “sugerir” a las trabajadoras que trabajen casi hasta parir». Por otra parte, señalaron como problemática la posibilidad de crear Fondos de Cese Laboral. «Se pierde así el efecto disuasivo de la indemnización por despido, cuya finalidad es la protección de las fuentes de empleo. También facilita los despidos en el Estado». «Como toda reforma laboral que quita derechos, no va a generar más empleo, ni registración, ni crecimiento económico. Nunca ocurrió en ningún lugar del mundo, no será esta la excepción», dispararon. También señalaron un problema que afectaría mucho a su gremio gracias a los buenos salarios que consiguen en cada negociación paritara: «Se pretende volver a instalar al Impuesto al Salario, mal denominado Impuesto a las Ganancias, en el que entraremos todos los trabajadores aceiteros y desmotadores». El Gobierno ya movilizó fuerzas represivas: «Denunciamos y rechazamos la presencia de Gendarmería en las zonas de los puertos aceiteros para amedrentar, y hacemos responsables al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos de las provincias por la integridad física de las y los trabajadores que ejercen su derecho constitucional de Huelga».

El mandatario dio una nueva entrevista ante sus periodistas amigos. El presidente de la Nación, Javier Milei, cuestionó la movilización multitudinaria del último 23 de abril en defensa de la universidad y la educación pública, la calificó de “tren fantasma” y aseguró que “hubo actores” entre las cientos de miles de personas que rodearon la Plaza de Mayo. Además, volvió a desafiar a sus opositores cuando afirmó que el reclamo realizado “está construido sobre una mentira”. Lo hizo en una nueva aparición pública con los periodistas que elige para que lo entrevisten, que vale aclarar… nunca son críticos hacia la gestión que encabeza. En esta oportunidad fue en la mañana del domingo 28 de abril, ante Ignacio Ortelli en radio Rivadavia. El mandatario hablaba de quienes se movilizaron y lanzó un “salvo los que contrataron como actores, para que den esos testimonios”. Esto motivó que el conductor lance la afirmación: “Hubo actores”. “Y sí. Algunos sí. De hecho en redes sociales saltaron los videos de gente que, digamos, usan para hacer declaraciones”, deslizó sin mucha seguridad el libertario. La afirmación se viralizó rápidamente por lo absurda que suena la intención de querer bajarle el precio a la movilización con un argumento así, cuando fue tan masiva y concurrida por enormes sectores de todo el arco político. Milei además cuestionó las razones de la protesta: “El reclamo de la marcha puede ser genuino, pero está construido sobre una mentira. Nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades, nunca dijimos que le íbamos a quitar financiamiento. Lo único que pedimos es que como las universidades públicas están siendo financiadas por los pagadores de impuestos, los números tienen que ser auditados”, señaló. “¿Quién no quiere ser auditado? Los ladrones. Si los números fueran transparentes podrían ser auditados”, acusó después. “Tomaron una causa noble, la política la prostituyó, armó una falacia del hombre de paja y dijo que nosotros queríamos hacer cosas que nunca dijimos que íbamos a hacer. Esto fue la reedición de la campaña del miedo de (Sergio) Massa en las elecciones”, comparó el economista, en relación a la advertencia que realizó a la población el ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) sobre lo que sucedería si ganaba Milei. Para el Presidente, “lo que pasó ese día fue un triunfo político maravilloso de La Libertad Avanza” (LLA). “Se juntaron todos porque me tienen miedo. Si para pelearse con uno tiene que llevar a 50 tipos… ¡qué grande es ese tipo! Quiere decir que ninguno de esos está a la altura de mantener una discusión ínfimamente razonable”, autoproclamó. “Son tan débiles que para enfrentar a un solo espacio, se tuvieron que juntar todos”, agregó. “¿En el fondo sabe qué muestra eso? El miedo que me tienen. Lo grande que soy respecto a ellos, lo poca cosa que son ellos respecto a mí”, repitió Milei, quien también cuestionó la presencia de “gente con profundo sentimiento antisemita” en la marcha y cuestionó como defensores de la autocracia a quienes se congregaron en unidad para protestar contra el ajuste que encabeza.