1 abril, 2024

El 30% de los estudiantes de escuelas de gestión privada son pobres. La escuela pública, que ya arrastra serias dificultades en la calidad educativa que brinda, alberga en total a 7.485.142 alumnos en todo el país, y ahora tuvo que abrir las puertas a alumnos provenientes del colegio privado cuyos padres no pueden afrontar los aumentos superiores al 50% que se aplicaron al reanudar las clases sobre lo que pagaban en diciembre. El drenaje de la matrícula privada hacia la pública no es nuevo, sino que viene de 2019, cuando en la Capital Federal, primer cordón del conurbano bonaerense y La Plata descendió de 1,16 millones de alumnos de comienzo de 2019 a 910 mil al 30 de septiembre del mismo año.  O sea, que migraron unos 250 mil estudiantes netos, de acuerdo con los datos elaborados por los investigadores Ianina Tuñón y Matías Maljar. El último dato sobre la cantidad de niños y adolescentes que concurren a escuelas privadas es que hasta 2023 llegaba a 2.960.630. La ONG Defendamos Buenos Aires atribuye a la crisis económica que unos 150.000 alumnos primarios y secundarios en Capital y 100.000 en el primer cordón bonaerense se pasaran de la educación privada a la estatal, lo que le significó una merma del 22 por ciento del total de matriculados a la primera y un incremento en igual proporción a la segunda.  Hay 3.200 establecimientos primarios y secundarios de gestión privada, entre ambos distritos de AMBA; Palermo, Belgrano y Barrio Norte registraron una pérdida promedio de 30.000 estudiantes cada uno.  En tanto Pilar, Morón y Ramos Mejía, en el conurbano, tuvieron una caída promedio de 24.000 estudiantes. Con la particularidad, asimismo, de que unos 4000 docentes, entre maestros y especializados y regulares en ambos niveles educativos, perdieran su trabajo. Los ingresos no dan  El nudo del conflicto está conformado por los salarios, los ajustes y la inflación y se complicó por las disputas entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores. El voucher educativo que se instrumentó intenta, en principio, evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales. Busca no discontinuar o modificar su trayectoria educativa, sino aportar una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con aporte estatal. La medida, en realidad, apunta, en todo lo posible, que se produzca una sobrecarga de estudiantes en la endeble educación pública. “Patear la pelota”, sería el argumento subyacente. Pueden gestionarlo los que encuadren en un ingreso máximo familiar de $1,4 millones, ser parte de una escuela que tenga un aporte estatal que supere el 75% por ciento y que la cuota no supere los $54.396. El tope que otorgará el “Programa de Asistencia de Vouchers Educativos” es de $27.198 por hijo.  Cálculos oficiales indican que unas 2700 escuelas bonaerenses quedarían alcanzadas: unos 800 mil alumnos.  En la Ciudad de Buenos Aires son 267 las escuelas en las que las familias estarían en condiciones de recibir el beneficio. Y se prevé que potencialmente puede alcanzar a casi dos millones de personas en todo el país, pero en general las redes burocráticas suelen filtrar bastante los accesos.  De todos modos, el reacomodamiento educativo actual ha sido consecuencia directa de la brusca redistribución de los ingresos que provocaron la devaluación y las medidas de ataque al déficit fiscal que se aplican desde diciembre, si bien se explica en la base heredada de la anterior administración. Tres de cada diez escuelas privadas ya calificaban como pobres, según datos de la Universidad Católica Argentina: el 26,8% de los estudiantes de esas instituciones laicas se encontraban en situación de pobreza; que llegan al 33,9% incluyendo colegios parroquiales o religiosos. Totalizaban al segundo semestre de 2023 alrededor de 356 mil entre primaria y secundaria, que suponían una leve mejora con respecto a las cifras de 2022. Es obvio que si para este renglón socioeconómico ya representaba el año pasado un gran esfuerzo afrontar la cuota en un establecimiento de gestión privada, con el impacto del ajuste en marcha a muchos les significó directamente quedar excluidos. Peor aún es en ese aspecto la situación en las instituciones de gestión estatal, donde 7 de cada 10 alumnos (71,6%, o sea más del doble) son pobres, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). El dato abarca a niños y adolescentes de 0 a 17 años que asisten a establecimientos educativos, según el informe “Caracterización de la población de niños/as y adolescentes escolarizados según el tipo de gestión educativa”.  Para 2023, el documento estimaba que 6 de cada 10 chicos argentinos (62,9%) son pobres y que el 16,2% se encuentra en situación de indigencia. Hasta esta última camada de migración de las escuelas privadas a las públicas, aún no ponderada oficialmente, los niños y adolescentes escolarizados se repartían en un 72,4% a establecimientos de gestión estatal y el restante 27,6% a privada. El porcentaje baja mucho en CABA, donde ronda el 51% la asistencia a colegios públicos, mientras que se ubica en torno al 67% en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, según datos del último Relevamiento Anual elaborado por el Ministerio (ahora Secretaría) de Educación de la Nación.  Tiene mucho que ver con esas proporciones la oferta de educación privada en las grandes ciudades. De los tres niveles obligatorios (inicial, primario y secundario), el jardín de infantes es el que tiene los mayores porcentajes de matrícula en el sector de gestión privada. En líneas generales, los alumnos de escuelas privadas tienen un nivel socioeconómico más alto que los que concurren a las estatales. Se advierte claramente en los estamentos de mayor poder adquisitivo, donde los aumentos en las cuotas no afectaron en lo más mínimo la matrícula. La Encuesta Mensual de Educación Privada de niveles primario y secundario que implementa la ONG es una actualización de la que realizaron al 30 de junio

Se llegó a un acuerdo con los laboratorios y los jubilados y pensionados tuvieron una buena entre tanta pálida. La obra social de los jubilados y pensionados, el PAMI, alcanzó el miércoles una prórroga hasta el 30 de noviembre del acuerdo que estaba vigente hasta el 31 de marzo y que brindaba a los afiliados casi 200 medicamentos gratuitos. “El acuerdo alcanzado busca continuar garantizando una cobertura racional y de facilitar el acceso a los medicamentos a todos los beneficiarios, al mismo tiempo que contempla la viabilidad económico financiera para todas las partes intervinientes”, indicaron desde la industria. “De esta manera llevamos tranquilidad a los beneficiarios del PAMI y a las farmacias prestadoras acerca de la continuidad del servicio de dispensa de medicamentos, tal y como se viene brindando con responsabilidad profesional y eficiencia sanitaria en todo el país”, precisaron desde PAMI. El anuncio buscó llevar tranquilidad a los jubilados y pensionados que, ante los mandatos de la motosierra de Javier Milei, temían por el recorte de prestaciones.  El listado completo de los medicamentos gratis del PAMI 31 Marzo de 2024 15:16     

Los crudos números que exponen el brutal ajuste en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Con los fondos recibidos en febrero pasado, los jubilados y pensionados de la ANSES pudieron comprar entre un 29% y un 47% menos de bienes y servicios en comparación con lo que podían adquirir con los ingresos percibidos en el segundo mes de 2023. Según los datos del INDEC, los precios al consumidor aumentaron un 13,2% en febrero, mientras que la variación interanual alcanzó un 276,2%. Los haberes, en cambio, no experimentaron incremento durante ese mes, manteniéndose en el mismo nivel que en diciembre y enero. En comparación con febrero de 2023, los haberes fueron entre un 97,1% y un 167,3% nominalmente más altos. Esto significa que los aumentos determinados por la fórmula de movilidad en vigor desde 2021, junto con los incrementos otorgados a los bonos, que solo benefician a los jubilados con ingresos más bajos debido a una política discrecional, quedaron muy por debajo del aumento de los precios. En marzo, se llevó a cabo una recomposición de haberes del 27,18% debido a la aplicación del índice de movilidad establecido por la ley 27.609. Además, se aplicó un aumento similar al bono para aquellos que perciben la jubilación mínima. Sin embargo, la inflación continúa en aumento.  Varios economistas, estiman que los ingresos habrían perdido entre un 28% y un 45% de su poder adquisitivo en comparación con el tercer mes de 2023. Esta situación se produce después de varios años de fuertes pérdidas, y coincide con el cambio en la modalidad de ajustes dispuesto por el Gobierno a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274. En relación con el año anterior, aquellos que experimentaron un mayor deterioro en el valor de sus ingresos son aquellos con haberes cercanos al mínimo multiplicado por dos. Este grupo recibió bonos entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, pero luego fueron excluidos de esas compensaciones.  Como resultado de la implementación de los refuerzos, que reconocen la insuficiencia de la fórmula de movilidad, aquellos que recibieron ingresos mínimos experimentaron caídas de porcentajes relativamente más bajos, aunque aún significativos.