17 marzo, 2024

El gobernador bonaerense envió a Santa Fe efectivos policiales y recursos. Es para contribuir a la lucha contra el narcotráfico en Rosario. La provincia de Santa Fe recibió 80 vehículos policiales y tres minibuses enviados por el gobierno bonaerense como aporte a las tareas de patrullaje en Rosario, donde los ataques de grupos narcos geenraron una grave crisis de seguridad. El acto de recepción de los móviles se llevó a cabo en Avenida Belgrano frente al Anfiteatro, donde estuvieron presentes el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y su par santafesino, Pablo Cococcioni, entro otros funcionarios y autoridades nacionales, provinciales y municipales.  Más tarde, en la Sede de Gobierno en Rosario, se ofrecieron detalles de esta colaboración brindada por el gobierno de Axel Kicillof a las tareas que se llevan adelante en esa ciudad, donde también se hicieron presentes fuerzas dependientes de Nación. En ese contexto, el gobernador santafesino expresó: “Es la primera vez que una provincia colabora con recursos materiales con otra y entendiendo la complejidad y la difícil situación que está atravesando una provincia vecina”. “Hace años señalamos que el narcotráfico es un problema en Santa Fe. Y nos duele en lo más profundo del alma, porque vemos cómo se pierden muchas vidas, y en el caso de la última semana, vidas inocentes, vidas de trabajadores. Fueron actos narcoterroristas para quebrar una decisión de los gobiernos constitucionales de la Provincia de Santa Fe y de la República Argentina. Ese dolor hizo que los gobernadores nos unamos en esta lucha y que, en este caso, la provincia de Buenos Aires entienda y sienta también la necesidad de ayudarnos”, añadió Pullaro. El mandatario provincial recordó que “desde el día uno de nuestra gestión reconocimos que tenemos problemas de infraestructura y logísticos. Para subsanarlos tenemos procesos licitatorios en marcha. Cuando se lo planteé al gobernador Kicillof, inmediatamente se puso a disposición y nos mandó al momento 80 camionetas, tres minibuses y puso un montón de recursos más a disposición de Santa Fe”.  “Este mensaje de unidad y de trabajo conjunto nos dan el respaldo y la energía para continuar por la senda que habíamos diseñado y que vamos a llevar adelante, qué es el camino de no pactar nunca con las organizaciones criminales, y simplemente hacer cumplir la ley, tanto afuera de la cárcel y principalmente dentro de los establecimientos penitenciarios”, destacó Pullaro, quien también mencionó el apoyo del gobierno nacional ante esta grave situación.

Las compañías energéticas pidieron un aumentazo superior al 500%. Aunque se estima que las tarifas podrían llegar hasta el 743%. El Gobierno no quiere que el guarismo inflacionario de marzo supere el 8%. El Gobierno ha decidido aplazar nuevamente el incremento de las tarifas del transporte público, incluyendo colectivos y trenes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, la decisión sobre las tarifas del gas y la eliminación de subsidios para millones de hogares sigue en espera. A pesar de que la inflación de febrero alcanzó el 13,2% y acumula un 276,2% en el último año, el Gobierno aspira a que no supere el 8% en marzo. El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió no aplicar un aumento del 36,6% en las tarifas de trenes y colectivos desde abril, correspondiente a la variación de precios acumulada a nivel nacional en el primer bimestre. El mecanismo de actualización no es automático, lo que permite al Gobierno aplicar el incremento más adelante en el año. La normativa establece que los ajustes tendrán una periodicidad mínima de dos meses. Como el último ajuste fue en febrero, las tarifas mínimas de colectivos del AMBA podrían haber aumentado en abril a 368,82,desde los actuales 270, y las de trenes a 177,58,desde los actuales 130. Sin embargo, el aumento para los usuarios que no tienen registrada su tarjeta SUBE se mantiene, con el pasaje mínimo costando 420 en los trenes y 430 en los colectivos a partir del próximo mes. Mientras tanto, las empresas de transporte y distribución de gas esperaban la oficialización del aumento de tarifas para este viernes. Sin embargo, las resoluciones no fueron publicadas y los directivos de empresas como Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGN), entre otras, afirman no tener noticias de la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) sobre cómo será el aumento de tarifas. Ahora esperan que la publicación en el Boletín Oficial se realice la próxima semana. Las compañías reguladas solicitaron en enero una actualización superior al 500% en sus márgenes -Valor Agregado de Distribución, VAD-. El Estado nacional busca aprovechar la situación para reducir los subsidios al precio del gas, ya que los usuarios pagaban en diciembre apenas un sexto del costo de abastecimiento: 70 centavos de dólar por millón de BTU sobre US$ 4,10. Si se combinan ambos efectos, el aumento de las tarifas podría llegar hasta el 743%, según consultoras.

El gobierno de Venezuela ha reiterado su decisión de vetar el espacio aéreo a aviones provenientes de Argentina hasta que se compensen los daños ocasionados por la incautación de un avión de la compañía estatal Conviasa. Este avión, que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y posteriormente fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado, ha desencadenado tensiones entre ambas naciones. “Ninguna aeronave que tenga origen o destino en Argentina podrá sobrevolar nuestro territorio hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados como resultado de las acciones ilegales llevadas a cabo, solo para complacer a sus aliados del norte”, expresó el canciller venezolano, Yván Gil, en un comunicado oficial. La decisión del gobierno venezolano ha provocado una respuesta inmediata por parte de la nación, que ha iniciado acciones diplomáticas en protesta por esta medida. Manuel Adorni, portavoz presidencial, declaró el martes a los periodistas que la decisión de Caracas afecta las operaciones de Aerolíneas Argentinas en rutas hacia Nueva York, Miami y Punta Cana. El gobierno considera la medida venezolana como una represalia debido a que Argentina aceptó la orden de confiscación del Boeing 747 de Emtrasur, vinculado con la Guardia Revolucionaria de Irán, emitida por la justicia de Estados Unidos. “Argentina no se dejará extorsionar por los amigos del terrorismo”, afirmó el portavoz Adorni. Las relaciones entre el país y Venezuela han estado tensas desde la llegada al poder en diciembre de Milei, un economista ultraliberal y de extrema derecha que ha criticado fuertemente al presidente venezolano Nicolás Maduro. Maduro, por su parte, ha acusado a Milei de “robar” el avión venezolano poco después de que Argentina lo entregara a Estados Unidos en febrero pasado, anunciando el decomiso del mismo. Según funcionarios estadounidenses, el avión, vendido por Mahan Air a Emtrasur, subsidiaria de Conviasa, estaba involucrado en actividades que violaban las regulaciones estadounidenses de control de exportaciones. El avión estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022, tras su llegada a la capital. Los 19 miembros de la tripulación, de nacionalidad venezolana e iraní, fueron detenidos inicialmente pero luego puestos en libertad. Después de que el país entregó oficialmente la custodia del avión a Estados Unidos, el Departamento de Justicia anunció que la aeronave sería preparada “para su eliminación”, sin proporcionar más detalles al respecto.

La senadora, junto con otros legisladores y líderes de Unión por la Patria, repudiaron los aumentos impositivos y respaldaron activamente la gestión del gobierno de Axel Kicillof.Después de que el Senado de la Nación rechazara el DNU, el gobierno nacional volvió a dirigir sus críticas hacia los gobernadores provinciales mediante las redes sociales. José Luis Espert, quien se unió recientemente oficialmente a LLA, manifestó su descontento por el aumento del impuesto rural en una entrevista en Radio Mitre, dejando claro que no tiene intención de pagar dicho impuesto por sus campos en Pergamino.En medio de esta agitada discusión sobre los impuestos en la provincia de Buenos Aires, la senadora nacional por dicho distrito, Juliana Di Tullio, no dudó en responder a las recientes declaraciones de Espert y el respaldo del Jefe de Estado.“Presidente, ¿siempre se dirigirá a los bonaerenses de esta manera? Deje en paz y respete al pueblo que genera más riqueza para la Nación y recibe menos por habitante”, en referencia al aporte del 40% de la riqueza nacional que hace la provincia de Buenos Aires, en comparación con el 20% que recibe por coparticipación.Además, la senadora cuestionó la promesa del Presidente de no aumentar impuestos, señalando el incremento del Impuesto PAÍS del 7.5% al 17.5%. “Le sugiero que no haga promesas que no puede cumplir”, añadió. Finalmente, Di Tullio concluyó su intervención de forma irónica, haciendo referencia a los comentarios de Milei durante la campaña electoral: “Por suerte sus brazos siguen en su lugar. Evite las autolesiones”. Dado que en un giro sorprendente, el economista Milei, quien durante su campaña prometió evitar aumentos impositivos, generó controversia al impulsar la reinstauración de Ganancias, el incremento del impuesto País, y ahora, la vuelta del IVA junto con un significativo aumento en los pagos del monotributo. EL REPUDIO DE OTROS LEGISLADORES Y DIRIGENTES En este contexto, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky, también arremetió contra Espert, acusándolo de incitar a los ciudadanos bonaerenses a evadir impuestos y propagar un clima de desobediencia fiscal que podría tener repercusiones peligrosas en todo el país. “Juegan con fuego”, expresó Yasky. Simultáneamente, el ex ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, condenó enérgicamente la postura del gobierno nacional, advirtiendo que llamar a una “rebelión fiscal” está tipificado como un delito en el Código Penal argentino. “Otra vez contra la oposición. El tema es que está claramente tipificado en el Código Penal”, afirmó Fernández desde sus redes sociales. Cabe recordar que Espert, quien anteriormente era un crítico feroz de Milei pero ahora forma parte de su partido político, La Libertad Avanza, instó a los bonaerenses a dejar de pagar impuestos como una forma de protesta contra las políticas recaudatorias de Kicillof, a pesar de que los aumentos fueron aprobados por una mayoría en la Legislatura, incluyendo a los bloques de la oposición liberal.

Se trata de Alejandro Guglielmi, que estaba a cargo de la Casa Militar hacía 4 años. El jefe de gabinete, Posse, le habría dicho a Karina Milei que era un espía de Macri. Alejandro Guglielmi, era el encargado de la custodia de Javier Milei, y su hermana, en el día de ayer, lo echó por sospechas de espionaje. El jefe de gabinete, Nicolás Posse, habría sido quien le “acercó” la data a Karina, sugiriéndole acto seguido, que lo saque de sus funciones.Posse sospecha que Macri recibía de Casa Militar la información de todos los encuentros y visitas a la Rosada y Olivos. Las sospechas entre Posse y Macri son mutuas, de hecho el ex presidente cree que el jefe de gabinete lo espía a él y a sus funcionarios. Es conocida la adicción de Macri por el espionaje, una faceta oscura que lo persiguió a lo largo de toda su carrera política.