La Defensoría del Pueblo de la Provincia presentó hoy en la justicia un pedido de anulación de las tarifas de transporte, tras el aumento del 250% en el AMBA.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia, que dirige, Guido Lorenzino, y la senadora Juliana de Tullio presentaron esta mañana un pedido ante la Justicia para que anule el aumento del transporte “irrazonable e ilegal” impuesto por el Gobierno nacional. Consideran que este aumento “no guarda relación con los salarios“.
Este martes, tras sortear los efectos de una medida cautelaras, el Gobierno de Milei logró meter un aumento en las tarifas de trenes y de colectivos del AMBA, en torno al 250%. Así, el boleto mínimo pasó a costar 270 pesos, mientras que el de tren 130 pesos. A esto se le suma una fuerte quita de subsidios al transporte, otra dura medida de Milei con el sector.
En este difícil contexto, los funcionarios le demandan a la Secretaría de Transporte dejar sin efecto estas medidas. En la presentación afirman que el aumento es “irrazonable” y que “impacta negativamente en otros derechos fundamentales, como el derecho a la circulación, al trabajo y a la educación”.
Lorenzino advierte que “en el delicado contexto socioeconómico actual, el aumento daña aún más los bolsillos de los más de 5 millones de usuarios y usuarias”, al mismo tiempo que denunció que “es ilegal porque la medida careció de los procedimientos esenciales en su elaboración, no proporcionó información clara y accesible a los usuarios y usuarias del sistema, y además se realizó sin una audiencia pública“.
La medida de Milei que afectará el transporte en el interior
“El Gobierno Nacional, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE”, anunció la Secretaría de Transporte.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fundó esta decisión en el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, es decir durante el gobierno de Macri.