TOTO CAPUTO NOMBRA A JUAN ALBERTO PAZO Y REDEFINE EL CONCEPTO “CONFLICTO DE INTERESES”

El reciente nombramiento de Juan Alberto Pazo como representante titular del Ministerio de Economía en el Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) por parte de Toto Caputo ha suscitado preocupaciones sobre los límites éticos y los vínculos entre el sector público y privado.

Pazo, previamente designado como Secretario de Industria y Desarrollo Productivo en el mismo ministerio, tiene una trayectoria empresarial marcada por relaciones cercanas con figuras clave en el ámbito político y financiero. El funcionario del Ministerio de Economía es también el dueño de Invernea SRL, un fideicomiso ganadero que maneja activos por $23.538 millones. 

En este emprendimiento, Pazo es el jefe de Luis Nicolás Caputo, el hijo mayor del Ministro.

Quien también forma parte de Invernea SRL junto a Pazo como parte del “Consejo Consultivo” es Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina y socio del Ministro Caputo en la consultora Anker Latinoamericana SA.

Ante esta información, sería pertinente investigar si las políticas económicas promovidas por el Ministro Caputo, así como por los funcionarios Bausili y Pazo, favorecen a entidades como Invernea SRL.

Pazo está acostumbrado a estar de los dos lados del mostrador. Hasta su designación el pasado 11 de diciembre, se desempeñaba como presidente de Las Blondas SA, una empresa investigada por El Disenso en mayo de 2019.

Las Blondas es la sociedad anónima tras la marca de ropa RAPSODIA, que de acuerdo a su pagina web: “nace en Agosto de 1999 en Buenos Aires, Argentina, de la mano de Sol Acuña, Josefina Helguera (esposa de Pazo) y Francisco de Narváez“. 

En 2013, De Narváez fue denunciado por la AFIP ante la UIF, y por el Citibank y el JP Morgan ante el FINCEN (la UIF del Tesoro de Estados Unidos). El entonces Diputado Nacional denunció una “persecución K”. En los tribunales de San Isidro, la Jueza Sandra Arroyo Salgado está a cargo de la causa Nº 323/11 “Las Blondas s/ inf. arts 1 y 2 inc. a) de la ley 24.769”, en la que se investiga a los directivos de la firma por una presunta evasión tributaria y una posible evasión por “Salidas No Documentadas”, entre 2005 y 2006.

Rapsodia está representada en diferentes países a través de la offshore “Rapsodia Paraguay Inversora SA“, una financiera radicada en Panamá. En los registros oficiales, la empresa está presidida por Fernando Martín Minaudo, presidente de El Cronista Comercial y Director General del “Grupo De Narváez“.

Hace 6 años, desde El Disenso expusimos que la psicóloga María Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Presidente de la UIF durante la gestión macrista, era la apoderada de una financiera offshore radicada en Panamá junto a Juan Alberto Pazo, que en ese momento se desempeñaba como Superintendente de Seguros de la Nación de la UIF, respondiendo a Federici, y era el responsable de controlar que las aseguradoras no inviertan en el exterior!

De acuerdo a documentos exclusivos a los que tuvo acceso El Disenso, comprobamos que esta financiera offshore radicada en Panamá, donde convergían como apoderados la esposa de Federici y Pazo, figuraba a nombre del Director General del grupo empresario de Francisco De Narváez, entonces investigado por Federici en un presunto lavado de activos denunciado por la AFIP.

En 2019, mientras Mariano Federici investigaba desde la UIF a De Narváez por presunto lavado de activos, la financiera offshore del grupo De Narváez en Panamá tenía como apoderados legales a la esposa de Federici y al Superintendente de Aseguradoras de la UIF, Juan Alberto Pazo.

En 2024, el nombramiento de Pazo ejemplifica la intersección entre los intereses públicos y privados, desafiando los estándares de transparencia y conducta establecidos en la Ley de Ética en la función pública, así como las normativas sobre incompatibilidades y conflicto de interés. Su designación, en medio de estos cuestionamientos, subraya la necesidad de un mayor control en los procesos de selección de funcionarios, garantizando el cumplimiento de los principios de integridad y probidad en la administración pública.

EL DISENSO