5 febrero, 2024

El presidente se irá a Israel sin recibir a los mandatarios, que tienen los votos para coparticipar el impuesto. En Juntos dicen que los subestimó. Javier Milei finalmente no convocará a los gobernadores y se arriesga a una fuerte derrota en el Congreso por la coparticipación del impuesto País. Como anticipó LPO, los mandatarios esperaban desde el momento en que terminó la sesión del viernes un llamado de Milei para zanjar la negociación por el impuesto. El arma letal de los gobernadores es que tienen los votos para aprobar la coparticipación del 21% del impuesto a las provincias. Si aprueban ese cambio, las provincias se llevarían casi 2 billones por año. Para tener una idea de las cifras en juego, Buenos Aires se llevaría 40 mil millones por mes, Córdoba unos 15 mil millones por mes y Tucumán 10 mil millones por mes. Por eso los gobernadores, incluso los peronistas como Axel Kicillof, analizan votar el artículo ya que serían largamente los más beneficiados. El cordobés Martín Llaryora fue quien tuvo la iniciativa por parte de los gobernadores para avanzar con la modificación del impuesto a pesar de la negativa de la Rosada. No es el único “aliado” de Milei que votaría a favor de coparticipar: también los radicales de Jujuy y los diputados de Misiones y Salta que integran el bloque Innovación federal, que venía acompañando al Gobierno. Los rionegrinos, que suelen moverse al compás del oficialismo de turno, también votarían a favor de repartir el 21% del impuesto entre las provincias. Lo mismo los diputados que responden a gobernadores de Juntos como Rogelio Frigerio de Entre Ríos e Ignacio Torres de Chubut, entre otros. Si se aprueba la coparticipación del impuesto al cheque, la provincia de Buenos Aires recibirá 40 mil millones por mes, Córdoba unos 15 mil millones y Tucumán unos 10 mil millones. Tres ejemplos de la importancia del tema en discusión. Pese a esto, fuentes al tanto de la negociación con los gobernadores dijeron a LPO que Milei no quiere juntarse y que viajará a Israel este lunes sin saber si están los votos para avanzar con la votación en particular de la ley ómnibus, que empezará el martes. Quien quedará a cargo de la negociación es Guillermo Francos, pero los gobernadores ya no creen que el ministro del Interior tenga la última palabra de la Rosada, por lo que sin Milei el acuerdo parece inviable. “Va a salir como por un tubo”, dijeron a LPO en Juntos por el Cambio, que tiene a 10 gobernadores. Milei dejó trascender que vetará el artículo, pero la oposición ya habla de juntar dos tercios de la Cámara para revalidarlo. En el entorno de uno de los gobernadores de Juntos dijeron a LPO que Milei va camino a un error estratégico en el relacionamiento con las provincias. “Milei subestimó a los gobernadores y a la negociación política, ahora tiene la oportunidad de demostrar si es un amateur y la estrategia la va a conducir un consultor de comunicación o si alguien con sentido común político ordena este proceso”, dijo la fuente. El destrato que propinó Milei a los diputados aliados es motivo de preocupación incluso en el seno de La Libertad Avanza. “Javier va a tener que reorganizar la política”, dijo a LPO un dirigente libertario que entró en alarma por el Efecto Gaturro. Así definió a la fascinación de Milei de coquetear con los errores no forzados. LPO

El reciente nombramiento de Juan Alberto Pazo como representante titular del Ministerio de Economía en el Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) por parte de Toto Caputo ha suscitado preocupaciones sobre los límites éticos y los vínculos entre el sector público y privado. Pazo, previamente designado como Secretario de Industria y Desarrollo Productivo en el mismo ministerio, tiene una trayectoria empresarial marcada por relaciones cercanas con figuras clave en el ámbito político y financiero. El funcionario del Ministerio de Economía es también el dueño de Invernea SRL, un fideicomiso ganadero que maneja activos por $23.538 millones.  En este emprendimiento, Pazo es el jefe de Luis Nicolás Caputo, el hijo mayor del Ministro. Quien también forma parte de Invernea SRL junto a Pazo como parte del “Consejo Consultivo” es Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina y socio del Ministro Caputo en la consultora Anker Latinoamericana SA. Ante esta información, sería pertinente investigar si las políticas económicas promovidas por el Ministro Caputo, así como por los funcionarios Bausili y Pazo, favorecen a entidades como Invernea SRL. Pazo está acostumbrado a estar de los dos lados del mostrador. Hasta su designación el pasado 11 de diciembre, se desempeñaba como presidente de Las Blondas SA, una empresa investigada por El Disenso en mayo de 2019. Las Blondas es la sociedad anónima tras la marca de ropa RAPSODIA, que de acuerdo a su pagina web: “nace en Agosto de 1999 en Buenos Aires, Argentina, de la mano de Sol Acuña, Josefina Helguera (esposa de Pazo) y Francisco de Narváez“.  En 2013, De Narváez fue denunciado por la AFIP ante la UIF, y por el Citibank y el JP Morgan ante el FINCEN (la UIF del Tesoro de Estados Unidos). El entonces Diputado Nacional denunció una “persecución K”. En los tribunales de San Isidro, la Jueza Sandra Arroyo Salgado está a cargo de la causa Nº 323/11 “Las Blondas s/ inf. arts 1 y 2 inc. a) de la ley 24.769”, en la que se investiga a los directivos de la firma por una presunta evasión tributaria y una posible evasión por “Salidas No Documentadas”, entre 2005 y 2006. Rapsodia está representada en diferentes países a través de la offshore “Rapsodia Paraguay Inversora SA“, una financiera radicada en Panamá. En los registros oficiales, la empresa está presidida por Fernando Martín Minaudo, presidente de El Cronista Comercial y Director General del “Grupo De Narváez“. Hace 6 años, desde El Disenso expusimos que la psicóloga María Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Presidente de la UIF durante la gestión macrista, era la apoderada de una financiera offshore radicada en Panamá junto a Juan Alberto Pazo, que en ese momento se desempeñaba como Superintendente de Seguros de la Nación de la UIF, respondiendo a Federici, y era el responsable de controlar que las aseguradoras no inviertan en el exterior! De acuerdo a documentos exclusivos a los que tuvo acceso El Disenso, comprobamos que esta financiera offshore radicada en Panamá, donde convergían como apoderados la esposa de Federici y Pazo, figuraba a nombre del Director General del grupo empresario de Francisco De Narváez, entonces investigado por Federici en un presunto lavado de activos denunciado por la AFIP. En 2019, mientras Mariano Federici investigaba desde la UIF a De Narváez por presunto lavado de activos, la financiera offshore del grupo De Narváez en Panamá tenía como apoderados legales a la esposa de Federici y al Superintendente de Aseguradoras de la UIF, Juan Alberto Pazo. En 2024, el nombramiento de Pazo ejemplifica la intersección entre los intereses públicos y privados, desafiando los estándares de transparencia y conducta establecidos en la Ley de Ética en la función pública, así como las normativas sobre incompatibilidades y conflicto de interés. Su designación, en medio de estos cuestionamientos, subraya la necesidad de un mayor control en los procesos de selección de funcionarios, garantizando el cumplimiento de los principios de integridad y probidad en la administración pública. EL DISENSO

La Argentina hace unos años atrás, creó un gravamen que es motivo de fuertes disputas entre la Nación y las Provincias. Los argentinos y obviamente, los baraderenses tambien, viene escuchando hablar, en distintos medios nacionales del FAMOSO Impuesto Pais, eso que Javier Milei quiere quedarselo para Nación, con el objeto de seguir asfixiando a las provincias. Este impuestos recaudó unos $ 450.000 millones en enero y se proyecto a superar los $ 6 billones en el año. La recaudación de este impuesto que grava la compra de divisas alcanzó un nivel histórico. De esa plata, un 30 % va a un fondo fiduciario para obras en las provincias. Pero se espera que a partir de marzo, regrese la discusión sobre cómo se reparte, en el marco de la intención de gobierno de Javier Milei de discutir un nuevo Pacto Fiscal. El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria nació en el marco de la emergencia económica que pidió Alberto Fernández al Congreso con la finalidad de encarecer el precio del dólar oficial y así desalentar la compra para atesoramiento. Como ocurrió con el impuesto al Cheque creado en el 2000 por Domingo Cavallo, el impuesto PAÍS es una herramienta tan eficaz de recaudación, que ningún político lo quiere sacar. Mientras tanto, constituye un factor más de distorsiones impositivas en la Argentina. En enero la recaudación del impuesto PAÍS subió 1.252% respecto de enero del 2023, como consecuencia del aumento de la alícuota, pero sobre por la fuerte devaluación de diciembre, que llevó el dólar oficial a 800 pesos. QUÉ ES EL IMPUESTO PAÍS Se trata de una alícuota que se cobra a todas las operaciones de venta de dólares oficiales que se hacen en el mercado local. Al principio era solo para la compra de billetes para atesoramiento y para el pago de servicios al exterior, y ahora es casi todo. Cuando una empresa solicita al BCRA que le venda dólares para importar, también está abonando el tributo. La AFIP informó que el Impuesto PAÍS recaudó en enero $ 469.199 millones, con una variación anual de 1.252,6%. El mayor ingreso se encuentra incidido favorablemente por “la ampliación de la base imponible del mismo con el ingreso del pago aplicado a determinadas importaciones”. “A su vez, las mismas se vieron incrementadas respecto a los meses anteriores, debido al incremento del tipo de cambio, y el aumento de las alícuotas tanto del pago a cuenta como de las importaciones de bienes y fletes respecto de las vigentes en el mes anterior”, indica el organismo. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), tras el fuerte aumento de la carga tributaria del impuesto PAÍS de fines de julio, cuando comenzó a gravar la compra de algunos bienes y servicios importados con una alícuota del 7,5%, “la recaudación del tributo se disparó”. “En agosto de 2023 aumentó un 187% en términos reales respecto al mes previo. A días de la asunción del nuevo gobierno, la alícuota sobre bienes y servicios importados se elevó hasta el 17,5 %. Como resultado, la recaudación del tributo en enero trepó 25,4% en términos reales respecto al mes de diciembre y se ubica en un máximo real” La pelea entre Nación y Provincias comenzó con el reclamo de compensación por los cambios en el Impuesto a las Ganancias que los propios gobernadores avalaron en 2023, para que el 99% de los trabajadores que pagaban dejaran de hacerlo. Los gobernadores habían acordado en los últimos días de Massa como Ministro de Economía, coparticipar el Impuesto al Cheque, algo que fue rechazado por Milei. Luego de ello se pensó en el Impuesto PAÍS. En el paquete de la ley ómnibus, Milei solicita modificar la asignación específica para quedarse con el 100% de los fondos. Eso abre un nuevo foco de conflicto con los gobernadores que no quieren perder el 30% de los recursos para obras. Otra opción es hacerlo coparticipable, por lo que su producido sería de transferencia automática y se repartiría un 56% para las provincias. En ese caso, los que perderían serían los jubilados, que reciben el 70% del impuesto. Para los tributaristas y las pymes, tanto el impuesto al cheque como el PAÍS son dos gravámenes que constituyen una presión fiscal extra y que provocan distorsiones en la economía.